RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
INTRODUCCIÓN
En Venezuela, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, se ha producido un viraje, estableciendo un nuevo sistema de justicia e implantación de Un Estado Social y de Derecho, tal como actualmente impera en nuestro país. De manera que, el justiciable ha puesto en funcionamiento los diversos dispositivos constitucionales que en cuanto a derechos y a garantías prevé la Constitución vigente.
En éste sentido, puede considerarse que se trata de un sistema de justicia mixto o integral, pues combina el denominado método difuso de control de constitucionalidad de la leyes, como poder - deber que tienen todos los jueces, al decidir casos concretos, de desaplicar leyes que consideren contrarias a la Constitución, aplicando preferentemente el texto fundamental con el denominado método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos de rango y valor de éstas, ejercido exclusivamente y con poderes anulatorios por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El primero de dichos métodos de control de constitucionalidad, cuya consagración expresa en el ordenamiento jurídico se remonta a 1897, se encuentra ahora consagrado en el artículo 334 de la nuestra Carta Magna vigente, el cual reza:
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias forme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.
En ésta forma propuesta por la Constitución de 1999, se consolidó el método del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, como ya había ocurrido en otros países como Colombia, desde 1910 (artículo 4); Guatemala, en 1965 (artículo 204); Bolivia, en 1994 (artículo 228); Honduras, en 1982 (artículo 315) y Perú, en 1993 (artículo 138).
Además, con base al artículo 253 de la Constitución, el órgano superior en nuestro sistema de Justicia es Tribunal Supremo de Justicia, el cual vino a sustituir la Corte Suprema de Justicia, y esta integrada por siete Salas (artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Este máximo órgano en el sistema de justicia venezolano, se encuentra regulado actualmente por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), en donde se ha ratificado esta potestad judicial, al disponer en el artículo 5, párrafo 1º, 4, lo siguiente:
(…)De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo tribunal de la República podrá ejercer el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso concreto, en cuyo supuesto dicha sentencia estará expuesta a los recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar; quedando a salvo en todo caso, que la Sala Constitucional haga uso, de oficio o a instancia de parte, de la competencia prevista en el numeral 16 de este artículo y se avoque a la causa para revisarla cuando ésta se encuentre definitivamente firme.(…)
Sin embrago, el desarrollo del método difuso de control de la constitucionalidad, a pesar de la claridad constitucional y legal con la cual se ha consolidado, ha comenzado a ser ilegítimamente limitado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, al cercenarles a los jueces la potestad que necesariamente deben tener en la aplicación de dicho método, de interpretar las normas y principios constitucionales en relación con las leyes que precisamente deben aplicar o desaplicar en los casos concretos que decidan.
Así, en la sentencia nº 833 de 15 de mayo de 2001 (caso: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), la Sala Constitucional al interpretar el artículo 334 de la Constitución, estableció “con carácter vinculante […] en qué consiste el control difuso, y en qué consiste el control concentrado de la Constitución”; y al preguntarse si en ejercicio del control difuso un juez puede interpretar los principios constitucionales y, con base en ellos, suspender la aplicación de una norma, señaló: Fuera de la Sala Constitucional, debido a las facultades que le otorga el artículo 335 de la Constitución vigente, con su carácter de máximo y última intérprete de la Constitución y unificador de su interpretación y aplicación, no pueden los jueces desaplicar o inaplicar normas, fundándose en principios constitucionales o interpretaciones motu proprio que de ellas hagan, ya que el artículo 334 comentado no expresa que según los principios constitucionales, se adelante tal control difuso.
Así, ésta es función de los jueces que ejercen el control concentrado, con una modalidad para el derecho venezolano, cual es que sólo la interpretación constitucional que jurisdiccionalmente haga esta Sala, es vinculante para cualquier juez, así esté autorizado para realizar control concentrado. Esta sentencia de la Sala Constitucional, en realidad, es una más que muestra la tendencia a la concentración de la justicia constitucional en la jurisdicción constitucional, lo cual es contrario a las previsiones constitucionales.
Ahora bien, el segundo método de control de la constitucionalidad existente en Venezuela es el del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de otros actos estatales, el cual, con antecedentes en el siglo XIX, se atribuye exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ha configurado definitivamente en la Constitución de 1999 como una jurisdicción constitucional (artículos 266,1; 334 y 336 de la Constitución). Como tal es la llamada a conocer de una serie de procesos y procedimientos constitucionales con el objeto de garantizar la supremacía constitucional en forma concentrada, que rebasan el clásico control de constitucionalidad de las leyes.
Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la jurisdicción constitucional en Venezuela siempre se había atribuido al más alto tribunal de la república y no a un órgano jurisdiccional especializado, de manera que, conforme a la Constitución de 1961, por ejemplo, la jurisdicción constitucional se ejerció por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.
Una de las novedades de la Constitución de 1999 fue precisamente la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 262, CRBV), a la cual ahora se le ha atribuido la jurisdicción constitucional (artículo 266,1), consistente en la potestad anulatoria de las leyes y demás actos de igual rango y jerarquía o dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como en el ejercicio de otras competencias en materia de justicia constitucional enumeradas en el artículo 336.
Cabe destacar, que en el derecho comparado esta jurisdicción trata en principio por caracterizarse en ser única y exclusivamente para el objeto de control, pero a su vez recae sobre los actos estatales dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución (donde se incluyen las leyes), así como a las sentencias dictadas en materia constitucional; por lo que no es una jurisdicción que se pueda caracterizar sólo por el motivo de control (inconstitucionalidad). Además, conoce de otras cuestiones de orden constitucional, como las omisiones del legislador y la resolución de conflictos de rango constitucional entre los órganos del Poder Público.
En otras palabras, lo que se atribuye a la Sala Constitucional no es el control concentrado de la constitucionalidad de todos los actos estatales, sino sólo de determinados y específicos actos estatales: los dictados por los órganos que ejercen el Poder Público denominados leyes o que tengan rango legal o los dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Además, que por vía extraordinaria, se le atribuye a la sala Constitucional la revisión de las sentencias dictadas en materia constitucional (amparo, por ejemplo).
De ésta manera, como sala del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que todas las otras salas que lo componen, la Sala Constitucional tiene la misión de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y, como todas las otras salas, puede considerarse el máximo y último intérprete de la Constitución, con el deber de velar por su uniforme interpretación y aplicación (artículo 335, primer aparte; CRBV).
Por consiguiente, esto corrobora que, conforme al sistema venezolano, al corresponder la justicia constitucional a todos los tribunales de la República, todos tienen la potestad de interpretar la Constitución. Lo único que diferencia la interpretación constitucional que haga la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la que hagan las otras salas de éste y los demás tribunales de la República, particularmente cuando ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, es que aquélla puede ser
vinculante y ésta no. Ése es el sentido del segundo aparte del artículo 335 de la Constitución al señalar que: “…Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo y demás tribunales de la República.”
Esta norma, además, debe interpretarse en su propio contexto: el carácter vinculante no puede recaer sobre cualquier frase o razonamiento interpretativo que contenga una sentencia de la Sala Constitucional. Al contrario, se requiere de una interpretación expresa de la Sala sobre el contenido o alcance de las normas constitucionales y principios Constitucionales; es decir, lo vinculante es la interpretación constitucional (de alguna norma o principio constitucional) y no cualquier interpretación normativa.
Ahora bien, visto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), ha establecido un nuevo sistema de justicia, prevé a su vez nuevos procesos en lo que respecta a las facultades que posee la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a lo señalado anteriormente, enumeradas en el artículo 336. Al respecto, específicamente en el ordinal 10, del mencionado artículo 336 de la CRBV, se incorporó por primera vez un mecanismo extraordinario de revisión de sentencias judiciales definitivamente firmes, a fines de determinar su conformidad con la Constitución y con el Derecho.
A tal efecto, éste recurso resulta aplicable a las sentencias en materia de Derecho Laboral, aún y cuando no se encuentra regulado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es perfectamente aplicable al nuevo procedimiento laboral venezolano. Por tal razón, es nuestro interés en las presentes notas identificar los rasgos y características fundamentales de dicho Recurso de Revisión Constitucional, así como de los distintos procesos y procedimientos que la misma conforma, y cuyo conocimiento se atribuye a la Sala Constitucional como jurisdicción constitucional, con particular énfasis en la precisión de las reglas relativas a la legitimación activa y pasiva que se requiere para actuar en ellos, que es lo que permite identificar y distinguir si se está en presencia de un proceso constitucional donde siempre existe una litis o contradictorio, de los procedimientos constitucionales en los cuales no existe tal contradictorio.
En éste sentido, aun y cuando existe la legislación que regula al Tribunal Supremo de Justicia, en la misma sólo se ha regulado expresamente las normas procesales del proceso constitucional en el caso de la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes, pero no respecto de a otros procesos constitucionales, como el del Recurso de Revisión Constitucional, por lo que se hace mención a las reglas procesales construidas conforme a la doctrina jurisprudencial de la propia Sala Constitucional. Todo ello, a los fines de proporcionar las herramientas fundamentales que como profesionales del Derecho, futuros Especialistas en Derecho Procesal Laboral, requerimos para un mejor y efectivo desempeño a nivel profesional.
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
Fundamento Legal:
El Recurso de Revisión Constitucional tiene su fundamento legal en el ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual reza:
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
(…).
En concordancia, con la parte in fine del artículo 334 del mismo texto constitucional, en donde se le otorga a la Sala Constitucional la potestad exclusiva que tienen como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos que vulneren los principios y garantías constitucionales que deriven de los órganos del Poder Público. De ésta manera, este mecanismo extraordinario de revisión tiene como propósito, establecer un sistema mixto e integrado de control de constitucionalidad, del cual carecía la justicia venezolana.
En éste sentido, la Sala Constitucional, por una parte ejerce el control concentrado de constitucionalidad y, por otra, puede revisar la conformidad con el derecho del control difuso de constitucionalidad ejercido por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás Tribunales de la República; así como las sentencias de amparo constitucional. Así pues, en los sistemas mixtos o integrales de control de la constitucionalidad, al combinarse el control difuso con el control concentrado, se han previsto mecanismos extraordinarios para la revisión de sentencias dictadas por los tribunales de instancia en materia constitucional, atribuyéndose el conocimiento de tales recursos de revisión a la jurisdicción constitucional, como órgano de control concentrado de control de constitucionalidad.
Asimismo, esta competencia de revisión de la Sala Constitucional ha sido recogida en el artículo 5, párrafo 1º.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), como competencia excepcional para que la Sala Constitucional pueda revisar, a su juicio y discreción, mediante un recurso extraordinario que se puede ejercer contra sentencias de última instancia dictadas por los tribunales de la República, incluidas las otras salas del Tribunal Supremo, en materia de amparo constitucional o dictadas en ejercicio del método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes.
Aproximación a su Definición y Naturaleza jurídica:
Una vez visto el fundamento legal del Recursos de Revisión Constitucional y la atribución de la Sala Constitucional del TSJ, resulta necesario para el estudio de cualquier institución jurídica, dar un concepto y hallar su naturaleza jurídica. En consideración a ello, en primer lugar se debe considerar lo señalado por Liebman (citado por Aguirre, 2008), quien indica que:
(…) la sentencia, como todo acto humano, puede ser defectuosa o equivocada. Las impugnaciones son los remedios que la ley pone a disposición de las partes para provocar por medio del mismo juez o de un superior un nuevo juicio inmune del defecto o del error de la sentencia anterior La posibilidad de obtener, con el ejercicio de tales remedios, una sentencia más justa es inherente al hecho mismo de que la nueva sentencia se pronunciará en vía de control y de nuevo examen crítico de lo que se hizo en el anterior juicio; y está además aumentada por el hecho de que el nuevo juicio se llevará a cabo por un órgano diverso y superior, compuesto por jueces seleccionados, que se suponen más expertos y más autorizados (...)
Ante esta situación, es que se disponen recursos como el de Revisión Constitucional, el cual para encuadrar su naturaleza jurídica se debe partir de la definición auténtica plasmada en la exposición de motivos de la Constitución (Cuenca, 2007). Al respecto, se tiene que se le ha atribuido a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictada por los Tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad a través de un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de la norma y principios constitucionales, la eficacia de nuestra Carta Magna y la seguridad jurídica.
Debe dejarse claro, que por medio de éste recurso no se pretende sustituir ningún recurso ordinario o extraordinario, ni siquiera el amparo, por cuanto mediante esta facultad discrecional que posee esta Sala no se tutela de manera directa la protección y garantía de los derechos constitucionales presuntamente infringidos en el caso en concreto, sino que por el contrario se busca de manera general, objetiva y abstracta la obtención de criterios unificados de interpretación constitucional (Sentencia N° 2.034 de la Sala Constitucional del TSJ, Fecha 27/11/2006). Por tal razón, uno de los argumentos más utilizados para desestimar las solicitudes de revisión es, precisamente, el hecho de no contribuir a la uniformidad de interpretación de normas y principios constitucionales.
Ahora bien, existen diversas concepciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la naturaleza jurídica y una definición única del Recurso de Revisión, sobre la cual se considera que el mecanismo extraordinario de revisión de decisiones judiciales previsto en el artículo 336, ordinal 10 de la Constitución vigente, es un proceso de justicia constitucional que complementa los tradicionales procesos de la jurisdicción constitucional, que sirve como instrumento para lograr, a instancia de parte o de oficio, el fin público y objetivo de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia de la Constitución especialmente los derechos constitucionales y la seguridad jurídica; aunque tal como lo indica Cuenca (2007) incidentalmente favorece el fin privado de las partes de la sentencia revisada, al mismo tiempo que señala que por tratarse de un recurso con ausencia de configuración legal, podría denominarse “Proceso Extraordinario de Revisión Constitucional” o “Proceso de Revisión Constitucional”, ya que su carácter extraordinario le ha sido atribuido de conformidad a la exposición de motivos de la Constitución, por lo que en forma abreviad se entiende como Revisión Constitucional.
Sentencias Revisables:
La potestad revisora de la Sala Constitucional, es de ejercicio discrecional a los efectos de evitar que se pueda abrir un recurso, de obligatoria admisión y decisión por la Sala, contra todas las sentencias referidas, lo cual sería imposible de manejar por la cantidad de casos. De allí, la discrecionalidad que tiene la Sala Constitucional para escoger los casos en los cuales juzga conveniente conocer del recurso de revisión. En definitiva, como lo ha señalado la Sala Constitucional en su Sentencia nº 727 de 8 de abril de 2003, la norma Constitucional
…no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional que se refirió lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes.
Resulta necesario considerar, que ante la ausencia de legislación reguladora de la jurisdicción constitucional, ha sido la Sala Constitucional la que ha construido sucesivamente, mediante su labor interpretativa de los artículos 336 ordinal 10 de la CRBV y las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 5.4.16), los contornos del recurso extraordinario de revisión y el alcance de su potestad revisora, agregando por vía jurisprudencial otras sentencias que pueden ser objeto de revisión. En consecuencia, se tiene que de conformidad al Fundamento Legal y la jurisprudencia cuáles van a ser las sentencias revisables, en los siguientes términos:
A. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): De conformidad a las competencias atribuidas a la Sala Constitucional en el artículo 336 ordinal 10, se tiene que las sentencias revisables son:
- Sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por los Tribunales de la República.
- Sentencias definitivamente firmes de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República.
B. Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004): En donde se amplió la competencia de la Sala Constitucional, atribuyéndole la revisión de las siguientes sentencias, de conformidad con el artículo 5 numerales 4, 16, 22:
- Sentencias dictadas por las otras Salas que violen principios jurídicos fundamentales como los contenidos en la Constitución y en los Tratados, Pactos o Convenios Internacionales ratificados por Venezuela.
- Sentencias dictadas por las otras Salas por error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.
- Sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por los demás Tribunales de la República.
- Sentencias definitivamente firmes de control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República.
C. Según la Jurisprudencia de la Sala Constitucional: Para finales del año 2000, como consecuencia de las sentencias nº 1, 2, 44 y 714 de ese mismo año, la Sala Constitucional resumía el conjunto de reglas o condiciones que debía presentar una sentencia para que procediera dicho recurso, así:
- La sentencia que se pretenda someter a revisión debe haber cumplido con la doble instancia, bien sea por la vía de la apelación o de la consulta, por lo cual no debe entenderse como una nueva instancia.
- La revisión constitucional se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por la Sala Constitucional, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
- Como corolario de lo anterior, a diferencia de la consulta, el recurso de revisión constitucional no procede ipso iure, ya que éste depende de la iniciativa de un particular, y no de la del juez que dictó la decisión, a menos que la propia Sala Constitucional de oficio así lo acuerde, tomando en cuenta siempre la finalidad del recurso.
Posteriormente, mediante sentencia nº 93 de 6 de febrero de 2001 (caso Olimpia Tours and Travel vs. Corporación de Turismo de Venezuela), la Sala comenzó a ampliar su propia competencia revisora, agregando como objeto de revisión otras sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Supremo u otros tribunales, distintas de las dictadas en materia de amparo o de control difuso de constitucionalidad, afirmando su potestad para revisar, además de éstas, las siguientes:
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.
La Sala Constitucional, por otra parte, en sentencia nº 727 de 8 de abril de 2003 continuó precisando las sentencias que pueden ser objeto del recurso extraordinario de revisión, indicando que, además de las sentencias de amparo constitucional y las sentencias de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, pueden ser objeto del recurso de revisión:
- Las sentencias que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
- Las sentencias que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás juzgados del país apartándose u obviando, expresa o tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que contenga alguna sentencia de esta Sala con anterioridad al fallo que sea impugnado.
Por último, la Sala Constitucional, en sentencia del 11 de marzo de 2005 (Caso: 11 de Abril), ha precisado las sentencias que pueden ser objeto del recurso de revisión, así entre los fallos reiterados anteriormente por la Sala, pueden ser objeto de revisión:
- Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, de cualquier carácter, dictadas por los demás Sala del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier Juzgado o Tribunal del País.
- Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los Tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia o por los demás Tribunales o Juzgado del País, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o Juzgados del País, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma Constitucional. En estos casos hay también un errado control Constitucional.
Queda claro según sentencia de 11 de Marzo de 2005, (Caso 11 de Abril), su indiscutible procedencia en derecho, dada la competencia que tiene esta Sala Constitucional de conocer por vía de revisión las decisiones proferidas por las demás Salas de este Máximo Tribunal, incluyendo las dictadas por la Sala Plena, como ha sido establecido por la Jurisprudencia, en interpretación del texto normativo constitucional contenido en el artículo 336, numeral 10, en concordancia con el artículo 5, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que a tales efectos no establece distinción alguna.
Por otra parte, cabe destacar existen criterios jurisprudenciales en cuanto a la revisión de sentencias anteriores a la Constitución vigente, el primero de ellos, es que la solicitud de revisión, en razón de ser una figura de protección fundamental creada a la luz de la Constitución de 1999, no podía aplicarse a decisiones judiciales definitivamente firmes que hayan sido dictadas bajo la regencia del anterior texto constitucional, ello en razón de la seguridad jurídica y la política judicial que debe prevalecer en el ejercicio de la función jurisdiccional, toda vez que por razones de paz social, no podía alterarse situaciones jurídico – procesales ya dirimidas y resueltas con anterioridad, por haber sido ya tratadas ante la jurisdicción, quien ejercicio de su potestad ya delimitó y tuteló esa situación material que en su momento estuvo sometida a su conocimiento.
No obstante, es nuevo criterio jurisprudencial (Sentencia N° 2.176, del 06/12/2006), la revisión de sentencias anteriores a la Constitución vigente como excepción a lo antes expuesto, cuando dicha decisión verse sobre derechos y principios que la Constitución haya mejorado y que expresamente permita su aplicación retroactiva para el mejoramiento de la situación jurídico material aunque la misma haya sido objeto del conocimiento por parte de la jurisdicción.
Análisis Jurisprudencial Procedimiento del Recurso de Revisión:
Al haberse determinado que la naturaleza jurídica del mecanismo extraordinario de revisión es la de un proceso constitucional, aunque no se haya dictado todavía la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, le serán aplicables supletoriamente las normas de derecho procesal constitucional que rigen los demás procesos de la jurisdicción constitucional.
En consecuencia, el procedimiento que ha de regir el proceso de revisión constitucional mientras se dicta la Ley especial en la materia, por mandato del literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final Única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), será el de “los procedimientos previstos es esta Ley y demás normativas especiales en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 Constitucional.”
Con fundamento a la norma transcrita, en las normas supletorias generales como las del Código de Procedimiento Civil (primer aparte del artículo 19 de la LOTSJ), las normas supletorias especiales (segundo aparte del artículo 19, ejusdem) y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, se analizará el Procedimiento que rige el proceso de revisión se sentencias judiciales como mecanismo extraordinario de control constitucionalidad, siguiendo la estructura lógica de todo proceso judicial.
Ante quién y cómo se propone:
El Procedimiento Extraordinario de Revisión, se plantea a través de la Sala Constitucional, como se apunta anteriormente de conformidad a la jurisdicción constitucional que le corresponde en virtud del ordinal 10 del artículo 336 de la CRBV.
Ahora bien, resulta necesario determinar quién tiene la legitimación para solicitar válidamente la revisión de una sentencia judicial. A tal efecto, se tiene que de acuerdo a la exposición de motivos de la CRBV, como la LOTSJ (artículo 5.4 y penúltimo aparte), la revisión puede realizarse a instancia de parte y de oficio (artículo 5, penultimo aparte LOTSJ).
Debido al carácter de cosa juzgada que tienen las sentencias susceptibles de revisión es claro que los primeros legitimados son las partes y los terceros que intervienen en el proceso judicial que produjo la sentencia objeto de revisión. En efecto, la Sala Constitucional ha establecido como criterio la legitimación el interés personal y directo que debe afirmar el solicitante de la revisión:
“En consecuencia, para la interposición de la solicitud de revisión constitucional es necesario que el solicitante posea interés directo y personal en el proceso que pretende iniciar, por haber sido demandante, demandado o tercero en el juicio que dé lugar al pronunciamiento que se impugna.
Al respecto, esta sala Constitucional ha sentado de manera constante que el requisito del interés procesal, como elemento de la acción, proviene de la esfera del derecho individual que ostente el solicitante le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés surge así de la necesidad que tiene una persona, por la situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés personal y directo ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso y, más aún, frente al carácter extraordinario, excepcional y estrictamente limitado que ostenta la revisión constitucional” (Sentencia N° 2.815 del 14/11/2002).
De ésta manera, en los procedimientos de revisión no es posible invocar un derecho o interés difuso o colectivo.
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de revisión de oficio, es criterio reiterado de la Sala Constitucional, que el Juez que dictó la sentencia objeto del recurso no tiene legitimación para hacer la solicitud, así como tampoco tiene legitimación el Juez para solicitar la revisión de un sentencia dictada por otro Juez, ni siquiera el caso que en esa sentencia se hay ordenado remitir copia a la Inspectoría de Tribunales, con fines disciplinarios contra el Juez que pide revisión. Todo ello, sobre la base de que el Recurso de Revisión constitucional no procede ipso iure, ya que depende de la iniciativa de un particular, como se señaló anteriormente, y no de la iniciativa del Juez que dictó la decisión, a menos que la Sala Constitucional de oficio así lo acuerde, tomando siempre en cuenta la finalidad del recurso (Sentencia N°1805 de fecha 28/09/2001).
Oportunidad para interponer la revisión:
La Constitución no ha previsto la oportunidad para interponer la solicitud de revisión así como tampoco lo hace la LOTSJ, en consecuencia Cuenca (2007) indica que el recurso de revisión puede ejercerse en cualquier momento después que la sentencia objeto de revisión haya quedado definitivamente firme.
No obstante, la denominada sentencia “Líder” número 93 de 6 de febrero de 2001 caso (OLIMPIA TOUR AND TRAVEL, C. A., contra la (CORPORACION DE TURISMO DE VENEZUELA), cuya revisión se hizo sobre sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de la extinta corte Suprema de justicia. En el juicio por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios. La sala constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, delineó el procedimiento a seguirse en el trámite del recurso extraordinario de revisión, así: Al respecto esta sala acoge, en caso de ser admitido la solicitud de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes, el procedimiento a llevarse a cabo es el de apelación de sentencias de Amparo constitucional establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así, efectivamente el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales establece un lapso de caducidad de seis (6) meses para ejercer una pretensión de amparo constitucional
en el articulo 35, con la salvedad que este articulo en el aspecto correspondiente a la consulta quedo derogada por la disposición Derogatoria Única de la constitución vigente por virtud del antagonismo con los art. 26, 27 de la constitución.
El conocimiento puede ser obligatorio o facultativo, por aplicación de la Ley Orgánica de Amparo, sería obligatorio, como antes señalamos o cuando la decisión llegue a esta Sala una vez agotada la doble instancia, para lo cual es facultativo. En lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere, y, en todo caso, la sala no admitirá aquellos recursos que no se refieran a las sentencias o a las circunstancias que define la presente decisión. En este sentido, se mantiene el criterio que dejo sentado la sentencia dictada por esta sala en fecha 2 de marzo de 2000 (caso Francia Josefina Rondón Astor), en cuanto a que esta sala no está en la obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, y la negativa de admitir la solicitud de revisión extraordinaria con o sin motivación, como violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, proceder que no requiere de motivación alguna, por cuanto se trata de decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial. Por lo antes expuesto, queda establecida la discrecionalidad de este medio extraordinario. Por lo tanto esta sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, “…sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas constitucionales...¨.
En cuanto a la potestad de esta sala para revisar de oficio las sentencias definitivamente firmes, esta sala posee la potestad discrecional, de hacerlo siempre y cuando lo considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la interpretación de la constitución en todas las decisiones judiciales emanadas por los órganos de administración de justicia.
Ahora bien, esta discrecionalidad que se le atribuye a la revisión a que se ha hecho referencia, no debe ser entendida como una nueva instancia, ya que la misma sólo procede en casos de sentencias ya firmes, esto es, decisiones que hubieren agotado todas las instancias que prevé el ordenamiento Constitucional.
En qué momento se propone:
La solicitud de revisión es un recurso extraordinario, que se puede ejercer contra sentencias de última instancia dictadas por los tribunales de la República, y aquellas que se ventilan por ante el Tribual Supremo y sus Salas; en materia de Amparo Constitucional o dictadas en ejercicio del método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes. En realidad, la única competencia Constitucional que, conforme a la constitución (Art. 334 y 336), es exclusiva de la Sala Constitucional, es la de anular las leyes y demás actos de rango legal y de ejecución directa e inmediata de la Constitución (Jurisdicción Constitucional) así como establecer “interpretaciones vinculantes’’ de normas constitucionales.
En todo caso, la sala Constitucional en la sentencia numero 1 de 20 de enero de 2002 (caso Emery Mata Millán ), interpretó dicho artículo 336, ordinal 10 de la Constitución considerando respecto de la revisión, “...considera esta sala que en forma selectiva, sin atender a recurso especifico y sin quedar vinculado por peticiones en este sentido, la sala por vía excepcional puede revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que… sean de la exclusiva competencia de los tribunales de segunda instancia, quienes conozcan la causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta sala, dictada en materia Constitucional”. En esta primera sentencia de la sala, por lo tanto, si bien se asimiló en forma incorrecta la institución de la revisión a la consulta, se apuntó correctamente al carácter extraordinario del recurso de revisión, así como al carácter discrecional de la potestad revisora de la sala.
En definitiva, como lo señaló la sala Constitucional en su sentencia número 727 del 8 de abril de 2003, la norma constitucional:
“no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión .El precepto constitucional que se refirió lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la sala constitucional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes”.
El tiempo estipulado de inversión en la sustanciación de esta solicitud es de aproximadamente 3 meses desde la interposición de la solicitud de revisión, hasta la sentencia.
Por otra parte, la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad respecto de cualquier sentencia, debe destacarse que la Sala Constitucional se ha hecho de poderes de control de oficio, rompiendo entonces el principio dispositivo, como lo decidió en la sentencia nº 331, de 13 de marzo de 2001 Incluso, la Sala ha establecido que el incidente de control de la constitucionalidad de oficio lo puede ejercer la Sala mediante la institución del avocamiento.
Esta doctrina del avocamiento ha sido recogida por la ley orgánica del TSJ de 2004, al establecer la atribución de cualesquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, para recabar de cualquier tribunal de instancia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, cualquier expediente o causa en el estado en que se encuentre, para resolver si se avoca y directamente asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (artículo 18, párrafo 11º).
Dadas las repercusiones de esta atribución generalizada, la propia ley orgánica dispuso que “esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido” (artículo 18, párrafo 12º).
Aun cuando constituye una obligación de todos los jueces de la República velar por la integridad de las disposiciones constitucionales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga una potestad suprema a la Sala Constitucional respecto a la interpretación de normas y principios fundamentales, cuya finalidad no es otra que garantizar la uniforme interpretación del Texto Constitucional.
Esa garantía, a nuestro juicio, confiere al recurso de revisión un carácter esencialmente objetivo y por lo tanto los fallos que en esta materia se dicten no deberían conllevar a la solución de ningún caso en concreto, con lo cual podría convertirse en una tercera instancia. Antes por el contrario, la sentencia debería producir efectos generales y hacia el futuro, por tratarse de una labor estrictamente conectada con la depuración de la interpretación del texto fundamental.
Por consiguiente, encontramos que le revisión constitucional es una potestad discrecional de la Sala Constitucional, que sirve de control concentrado de la constitucionalidad, extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, cuando se trate de aquellas decisiones cuya revisión es permisible y siempre que contribuyan a la uniformidad de la interpretación de normas y principios establecidos en el referido Texto Fundamental o que constituya una deliberada violación de sus preceptos.
En cuanto a los elementos que deben conjugarse para la procedencia de la revisión constitucional, encontramos:
1. Que se trate de una sentencia cuyo control constituya un aporte significativo a la uniformidad de criterios sobre normas y principios constitucionales.
2. Que se trate de una sentencia definitivamente firme que desconozca la interpretación que de manera previa y vinculante haya señalado la Sala Constitucional.
3. Que se trate de sentencias firmes que manera evidente hayan incurrido a criterio de la Sala Constitucional, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
Algunas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Recurso de Revisión Constitucional en Materia Laboral:
Sobre la base de todo lo antes expuesto pasamos a analizar algunas de las decisiones, que en revisión han sido conocidas por la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Social en materia laboral:
COLOCA EL ANALISIS QUE HICIERON EL RESTO DEL GRUPO
CONCLUSIÓN
Si analizamos todo lo anteriormente expuesto, terminaremos asintiendo, que el Recurso de revisión se ha convertido en una importante garantía procesal. A través de este recurso extraordinario se puede reabrir la cosa juzgada, asimismo se conjugan y realizan simultáneamente los valores de seguridad jurídica y justicia. En el fondo, el amparo contra sentencia, la acción por fraude procesal y el recurso de revisión responden, no solo a las exigencias de justicia sino a las de seguridad jurídica. A fin de cuenta ninguna seguridad puede asentarse sobre actitudes dolosas, ni en circunstancias manifiestamente erróneas o violatorias de las garantías constitucionales o de los derechos humanos fundamentales.
Por lo que nos permitimos afirmar lo siguiente:
1. En razón de la imperatividad del Texto Constitucional, sus normas son de aplicación inmediata, las cuales no tendrían efectividad sin la existencia de una jurisdicción constitucional que asegure su pleno goce y ejercicio. De allí que, corresponda al Tribunal Supremo de Justicia garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cuyo máximo y último interprete es la Sala Constitucional, siendo vinculante la interpretación que esta realice sobre el contenido y alcance de los preceptos fundamentales.
2. Dentro de los mecanismos que garantizan la protección de la constitución, se encuentra la potestad otorgada a la Sala Constitucional de revisar las sentencias definitivamente firme de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. El fin de este mecanismo de revisión, ha sido ampliado por la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional a fin de cumplir su labor como garante del Texto Fundamental y dar plena eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, a cualquiera sentencia definitivamente firme que contraríe las interpretaciones de normas y principios constitucionales, realizadas por dicha Sala o la doctrina establecida previamente por ésta.
3. Tal amplitud de criterio respecto a las sentencias susceptibles de ser revisadas por la Sala Constitucional, responde al objetivo de este mecanismo extraordinario, el cual es lograr la interpretación uniforme de la jurisprudencia sobre el contenido y alcance de normas y principios constitucionales. De allí que dicha finalidad, tal como se señalo precedentemente, solo se lograría parcialmente si el objeto de la revisión lo integraran solamente las sentencias definitivamente firmes dictadas en materia de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes.
4. Asimismo, siendo el objeto de la revisión la uniforme interpretación de las normas fundamentales, dicho mecanismo debería responder a un fin objetivo, antes de resolver conflictos de carácter intersubjetivo. Al respecto la Sala Constitucional reiteró la finalidad de la revisión mediante decisión del 25 de septiembre de 2001, en la cual estableció que dicho mecanismo extraordinario persigue: a) uniformar la interpretación; b) dictar pautas de aplicación constitucional y c) reconducir a prácticas legitimadas por la nueva constitución, actitudes judiciales nacidas al amparo de preceptos legales o constitucionales derogados o de principios o valores superados.
5. No obstante, de asumirse una posición orientada a la solución de problemas interpartes, no podría ser obviada la existencia de un procedimiento que garantice el contradictorio entre las partes, en el cual se les otorgue a éstas la posibilidad de alegar los argumentos que estimen pertinente para la defensa de sus intereses y para realizar actividades probatorias, pues el procedimiento acogido por la Sala Constitucional, no permite un cabal ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, derechos procesales constitucionalizados que deben organizarse, más aun cuando se trata de la jurisdicción constitucional.
6. Resulta igualmente necesario establecer un lapso de caducidad para el valido ejercicio del recurso, a los fines de impedir se vean afectados valores fundamentales del estado de derecho, como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la estabilidad del ejercicio de los derechos.
7. Se estima la inconveniencia de permitir la revisión de sentencias dictadas antes de la Constitución de 1999, salvo la que admitan la retroactividad de la ley en materia penal, pues lo contrario significaría la reapertura de juicios ya culminados formalmente, lo cual atenta contra la garantía fundamental de la cosa juzgada.
8. Si igualmente se parte de la premisa acerca del carácter subjetivo de la revisión, las sentencias dictadas en esta materia deberían limitarse, una vez advertida la transgresión constitucional, a reponer la causa, a los fines de que sea subsanado el fallo cuestionado por parte del tribunal que dicto la sentencia y no entrar a conocer del fondo del asunto, toda vez que con ello se podría afectar el principio del juez natural al tiempo que la Sala estaría ejerciendo, sin asumirlo expresamente, facultades inherentes a la figura del avocamiento.
9. En razón de la materia que ha sido otorgada en forma exclusiva a la Sala Constitucional como último y máximo interprete de Texto Fundamental, con fundamento en el principio de supremacía constitucional y la labor de velar por la integridad de la Carta Magna, a nuestro criterio, todas la decisiones dictadas con ocasión de una revisión deben tener carácter vinculante, pues siendo el objeto de dicho mecanismo extraordinario la uniformidad en la interpretación de normas fundamentales, dicho carácter vinculante de las decisiones dictadas en esta materia responde a la necesidad de ejercer un control profiláctico de la constitucionalidad de los fallos.
BIBLIOGRAFIA
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Salgado, D. y otros (2005). Derecho Procesal del Trabajo. Barquisimeto: Jurídica Rincón.
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de estaa Constitución.
Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
10.- Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
INTRODUCCIÓN
En Venezuela, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, se ha producido un viraje, estableciendo un nuevo sistema de justicia e implantación de Un Estado Social y de Derecho, tal como actualmente impera en nuestro país. De manera que, el justiciable ha puesto en funcionamiento los diversos dispositivos constitucionales que en cuanto a derechos y a garantías prevé la Constitución vigente.
En éste sentido, puede considerarse que se trata de un sistema de justicia mixto o integral, pues combina el denominado método difuso de control de constitucionalidad de la leyes, como poder - deber que tienen todos los jueces, al decidir casos concretos, de desaplicar leyes que consideren contrarias a la Constitución, aplicando preferentemente el texto fundamental con el denominado método concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos de rango y valor de éstas, ejercido exclusivamente y con poderes anulatorios por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El primero de dichos métodos de control de constitucionalidad, cuya consagración expresa en el ordenamiento jurídico se remonta a 1897, se encuentra ahora consagrado en el artículo 334 de la nuestra Carta Magna vigente, el cual reza:
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias forme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.
En ésta forma propuesta por la Constitución de 1999, se consolidó el método del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, como ya había ocurrido en otros países como Colombia, desde 1910 (artículo 4); Guatemala, en 1965 (artículo 204); Bolivia, en 1994 (artículo 228); Honduras, en 1982 (artículo 315) y Perú, en 1993 (artículo 138).
Además, con base al artículo 253 de la Constitución, el órgano superior en nuestro sistema de Justicia es Tribunal Supremo de Justicia, el cual vino a sustituir la Corte Suprema de Justicia, y esta integrada por siete Salas (artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Este máximo órgano en el sistema de justicia venezolano, se encuentra regulado actualmente por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), en donde se ha ratificado esta potestad judicial, al disponer en el artículo 5, párrafo 1º, 4, lo siguiente:
(…)De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo tribunal de la República podrá ejercer el control difuso de la constitucionalidad únicamente para el caso concreto, en cuyo supuesto dicha sentencia estará expuesta a los recursos o acciones ordinarias o extraordinarias a que haya lugar; quedando a salvo en todo caso, que la Sala Constitucional haga uso, de oficio o a instancia de parte, de la competencia prevista en el numeral 16 de este artículo y se avoque a la causa para revisarla cuando ésta se encuentre definitivamente firme.(…)
Sin embrago, el desarrollo del método difuso de control de la constitucionalidad, a pesar de la claridad constitucional y legal con la cual se ha consolidado, ha comenzado a ser ilegítimamente limitado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, al cercenarles a los jueces la potestad que necesariamente deben tener en la aplicación de dicho método, de interpretar las normas y principios constitucionales en relación con las leyes que precisamente deben aplicar o desaplicar en los casos concretos que decidan.
Así, en la sentencia nº 833 de 15 de mayo de 2001 (caso: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao vs. Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), la Sala Constitucional al interpretar el artículo 334 de la Constitución, estableció “con carácter vinculante […] en qué consiste el control difuso, y en qué consiste el control concentrado de la Constitución”; y al preguntarse si en ejercicio del control difuso un juez puede interpretar los principios constitucionales y, con base en ellos, suspender la aplicación de una norma, señaló: Fuera de la Sala Constitucional, debido a las facultades que le otorga el artículo 335 de la Constitución vigente, con su carácter de máximo y última intérprete de la Constitución y unificador de su interpretación y aplicación, no pueden los jueces desaplicar o inaplicar normas, fundándose en principios constitucionales o interpretaciones motu proprio que de ellas hagan, ya que el artículo 334 comentado no expresa que según los principios constitucionales, se adelante tal control difuso.
Así, ésta es función de los jueces que ejercen el control concentrado, con una modalidad para el derecho venezolano, cual es que sólo la interpretación constitucional que jurisdiccionalmente haga esta Sala, es vinculante para cualquier juez, así esté autorizado para realizar control concentrado. Esta sentencia de la Sala Constitucional, en realidad, es una más que muestra la tendencia a la concentración de la justicia constitucional en la jurisdicción constitucional, lo cual es contrario a las previsiones constitucionales.
Ahora bien, el segundo método de control de la constitucionalidad existente en Venezuela es el del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de otros actos estatales, el cual, con antecedentes en el siglo XIX, se atribuye exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se ha configurado definitivamente en la Constitución de 1999 como una jurisdicción constitucional (artículos 266,1; 334 y 336 de la Constitución). Como tal es la llamada a conocer de una serie de procesos y procedimientos constitucionales con el objeto de garantizar la supremacía constitucional en forma concentrada, que rebasan el clásico control de constitucionalidad de las leyes.
Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la jurisdicción constitucional en Venezuela siempre se había atribuido al más alto tribunal de la república y no a un órgano jurisdiccional especializado, de manera que, conforme a la Constitución de 1961, por ejemplo, la jurisdicción constitucional se ejerció por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena.
Una de las novedades de la Constitución de 1999 fue precisamente la creación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 262, CRBV), a la cual ahora se le ha atribuido la jurisdicción constitucional (artículo 266,1), consistente en la potestad anulatoria de las leyes y demás actos de igual rango y jerarquía o dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, así como en el ejercicio de otras competencias en materia de justicia constitucional enumeradas en el artículo 336.
Cabe destacar, que en el derecho comparado esta jurisdicción trata en principio por caracterizarse en ser única y exclusivamente para el objeto de control, pero a su vez recae sobre los actos estatales dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución (donde se incluyen las leyes), así como a las sentencias dictadas en materia constitucional; por lo que no es una jurisdicción que se pueda caracterizar sólo por el motivo de control (inconstitucionalidad). Además, conoce de otras cuestiones de orden constitucional, como las omisiones del legislador y la resolución de conflictos de rango constitucional entre los órganos del Poder Público.
En otras palabras, lo que se atribuye a la Sala Constitucional no es el control concentrado de la constitucionalidad de todos los actos estatales, sino sólo de determinados y específicos actos estatales: los dictados por los órganos que ejercen el Poder Público denominados leyes o que tengan rango legal o los dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Además, que por vía extraordinaria, se le atribuye a la sala Constitucional la revisión de las sentencias dictadas en materia constitucional (amparo, por ejemplo).
De ésta manera, como sala del Tribunal Supremo de Justicia, al igual que todas las otras salas que lo componen, la Sala Constitucional tiene la misión de garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y, como todas las otras salas, puede considerarse el máximo y último intérprete de la Constitución, con el deber de velar por su uniforme interpretación y aplicación (artículo 335, primer aparte; CRBV).
Por consiguiente, esto corrobora que, conforme al sistema venezolano, al corresponder la justicia constitucional a todos los tribunales de la República, todos tienen la potestad de interpretar la Constitución. Lo único que diferencia la interpretación constitucional que haga la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la que hagan las otras salas de éste y los demás tribunales de la República, particularmente cuando ejerce el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes, es que aquélla puede ser
vinculante y ésta no. Ése es el sentido del segundo aparte del artículo 335 de la Constitución al señalar que: “…Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo y demás tribunales de la República.”
Esta norma, además, debe interpretarse en su propio contexto: el carácter vinculante no puede recaer sobre cualquier frase o razonamiento interpretativo que contenga una sentencia de la Sala Constitucional. Al contrario, se requiere de una interpretación expresa de la Sala sobre el contenido o alcance de las normas constitucionales y principios Constitucionales; es decir, lo vinculante es la interpretación constitucional (de alguna norma o principio constitucional) y no cualquier interpretación normativa.
Ahora bien, visto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), ha establecido un nuevo sistema de justicia, prevé a su vez nuevos procesos en lo que respecta a las facultades que posee la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a lo señalado anteriormente, enumeradas en el artículo 336. Al respecto, específicamente en el ordinal 10, del mencionado artículo 336 de la CRBV, se incorporó por primera vez un mecanismo extraordinario de revisión de sentencias judiciales definitivamente firmes, a fines de determinar su conformidad con la Constitución y con el Derecho.
A tal efecto, éste recurso resulta aplicable a las sentencias en materia de Derecho Laboral, aún y cuando no se encuentra regulado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es perfectamente aplicable al nuevo procedimiento laboral venezolano. Por tal razón, es nuestro interés en las presentes notas identificar los rasgos y características fundamentales de dicho Recurso de Revisión Constitucional, así como de los distintos procesos y procedimientos que la misma conforma, y cuyo conocimiento se atribuye a la Sala Constitucional como jurisdicción constitucional, con particular énfasis en la precisión de las reglas relativas a la legitimación activa y pasiva que se requiere para actuar en ellos, que es lo que permite identificar y distinguir si se está en presencia de un proceso constitucional donde siempre existe una litis o contradictorio, de los procedimientos constitucionales en los cuales no existe tal contradictorio.
En éste sentido, aun y cuando existe la legislación que regula al Tribunal Supremo de Justicia, en la misma sólo se ha regulado expresamente las normas procesales del proceso constitucional en el caso de la acción popular de inconstitucionalidad de las leyes, pero no respecto de a otros procesos constitucionales, como el del Recurso de Revisión Constitucional, por lo que se hace mención a las reglas procesales construidas conforme a la doctrina jurisprudencial de la propia Sala Constitucional. Todo ello, a los fines de proporcionar las herramientas fundamentales que como profesionales del Derecho, futuros Especialistas en Derecho Procesal Laboral, requerimos para un mejor y efectivo desempeño a nivel profesional.
RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
Fundamento Legal:
El Recurso de Revisión Constitucional tiene su fundamento legal en el ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual reza:
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…)
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
(…).
En concordancia, con la parte in fine del artículo 334 del mismo texto constitucional, en donde se le otorga a la Sala Constitucional la potestad exclusiva que tienen como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos que vulneren los principios y garantías constitucionales que deriven de los órganos del Poder Público. De ésta manera, este mecanismo extraordinario de revisión tiene como propósito, establecer un sistema mixto e integrado de control de constitucionalidad, del cual carecía la justicia venezolana.
En éste sentido, la Sala Constitucional, por una parte ejerce el control concentrado de constitucionalidad y, por otra, puede revisar la conformidad con el derecho del control difuso de constitucionalidad ejercido por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás Tribunales de la República; así como las sentencias de amparo constitucional. Así pues, en los sistemas mixtos o integrales de control de la constitucionalidad, al combinarse el control difuso con el control concentrado, se han previsto mecanismos extraordinarios para la revisión de sentencias dictadas por los tribunales de instancia en materia constitucional, atribuyéndose el conocimiento de tales recursos de revisión a la jurisdicción constitucional, como órgano de control concentrado de control de constitucionalidad.
Asimismo, esta competencia de revisión de la Sala Constitucional ha sido recogida en el artículo 5, párrafo 1º.16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), como competencia excepcional para que la Sala Constitucional pueda revisar, a su juicio y discreción, mediante un recurso extraordinario que se puede ejercer contra sentencias de última instancia dictadas por los tribunales de la República, incluidas las otras salas del Tribunal Supremo, en materia de amparo constitucional o dictadas en ejercicio del método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes.
Aproximación a su Definición y Naturaleza jurídica:
Una vez visto el fundamento legal del Recursos de Revisión Constitucional y la atribución de la Sala Constitucional del TSJ, resulta necesario para el estudio de cualquier institución jurídica, dar un concepto y hallar su naturaleza jurídica. En consideración a ello, en primer lugar se debe considerar lo señalado por Liebman (citado por Aguirre, 2008), quien indica que:
(…) la sentencia, como todo acto humano, puede ser defectuosa o equivocada. Las impugnaciones son los remedios que la ley pone a disposición de las partes para provocar por medio del mismo juez o de un superior un nuevo juicio inmune del defecto o del error de la sentencia anterior La posibilidad de obtener, con el ejercicio de tales remedios, una sentencia más justa es inherente al hecho mismo de que la nueva sentencia se pronunciará en vía de control y de nuevo examen crítico de lo que se hizo en el anterior juicio; y está además aumentada por el hecho de que el nuevo juicio se llevará a cabo por un órgano diverso y superior, compuesto por jueces seleccionados, que se suponen más expertos y más autorizados (...)
Ante esta situación, es que se disponen recursos como el de Revisión Constitucional, el cual para encuadrar su naturaleza jurídica se debe partir de la definición auténtica plasmada en la exposición de motivos de la Constitución (Cuenca, 2007). Al respecto, se tiene que se le ha atribuido a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictada por los Tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad a través de un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de la norma y principios constitucionales, la eficacia de nuestra Carta Magna y la seguridad jurídica.
Debe dejarse claro, que por medio de éste recurso no se pretende sustituir ningún recurso ordinario o extraordinario, ni siquiera el amparo, por cuanto mediante esta facultad discrecional que posee esta Sala no se tutela de manera directa la protección y garantía de los derechos constitucionales presuntamente infringidos en el caso en concreto, sino que por el contrario se busca de manera general, objetiva y abstracta la obtención de criterios unificados de interpretación constitucional (Sentencia N° 2.034 de la Sala Constitucional del TSJ, Fecha 27/11/2006). Por tal razón, uno de los argumentos más utilizados para desestimar las solicitudes de revisión es, precisamente, el hecho de no contribuir a la uniformidad de interpretación de normas y principios constitucionales.
Ahora bien, existen diversas concepciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre la naturaleza jurídica y una definición única del Recurso de Revisión, sobre la cual se considera que el mecanismo extraordinario de revisión de decisiones judiciales previsto en el artículo 336, ordinal 10 de la Constitución vigente, es un proceso de justicia constitucional que complementa los tradicionales procesos de la jurisdicción constitucional, que sirve como instrumento para lograr, a instancia de parte o de oficio, el fin público y objetivo de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia de la Constitución especialmente los derechos constitucionales y la seguridad jurídica; aunque tal como lo indica Cuenca (2007) incidentalmente favorece el fin privado de las partes de la sentencia revisada, al mismo tiempo que señala que por tratarse de un recurso con ausencia de configuración legal, podría denominarse “Proceso Extraordinario de Revisión Constitucional” o “Proceso de Revisión Constitucional”, ya que su carácter extraordinario le ha sido atribuido de conformidad a la exposición de motivos de la Constitución, por lo que en forma abreviad se entiende como Revisión Constitucional.
Sentencias Revisables:
La potestad revisora de la Sala Constitucional, es de ejercicio discrecional a los efectos de evitar que se pueda abrir un recurso, de obligatoria admisión y decisión por la Sala, contra todas las sentencias referidas, lo cual sería imposible de manejar por la cantidad de casos. De allí, la discrecionalidad que tiene la Sala Constitucional para escoger los casos en los cuales juzga conveniente conocer del recurso de revisión. En definitiva, como lo ha señalado la Sala Constitucional en su Sentencia nº 727 de 8 de abril de 2003, la norma Constitucional
…no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional que se refirió lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes.
Resulta necesario considerar, que ante la ausencia de legislación reguladora de la jurisdicción constitucional, ha sido la Sala Constitucional la que ha construido sucesivamente, mediante su labor interpretativa de los artículos 336 ordinal 10 de la CRBV y las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 5.4.16), los contornos del recurso extraordinario de revisión y el alcance de su potestad revisora, agregando por vía jurisprudencial otras sentencias que pueden ser objeto de revisión. En consecuencia, se tiene que de conformidad al Fundamento Legal y la jurisprudencia cuáles van a ser las sentencias revisables, en los siguientes términos:
A. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): De conformidad a las competencias atribuidas a la Sala Constitucional en el artículo 336 ordinal 10, se tiene que las sentencias revisables son:
- Sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por los Tribunales de la República.
- Sentencias definitivamente firmes de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República.
B. Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004): En donde se amplió la competencia de la Sala Constitucional, atribuyéndole la revisión de las siguientes sentencias, de conformidad con el artículo 5 numerales 4, 16, 22:
- Sentencias dictadas por las otras Salas que violen principios jurídicos fundamentales como los contenidos en la Constitución y en los Tratados, Pactos o Convenios Internacionales ratificados por Venezuela.
- Sentencias dictadas por las otras Salas por error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.
- Sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional dictadas por los demás Tribunales de la República.
- Sentencias definitivamente firmes de control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República.
C. Según la Jurisprudencia de la Sala Constitucional: Para finales del año 2000, como consecuencia de las sentencias nº 1, 2, 44 y 714 de ese mismo año, la Sala Constitucional resumía el conjunto de reglas o condiciones que debía presentar una sentencia para que procediera dicho recurso, así:
- La sentencia que se pretenda someter a revisión debe haber cumplido con la doble instancia, bien sea por la vía de la apelación o de la consulta, por lo cual no debe entenderse como una nueva instancia.
- La revisión constitucional se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, lo cual será analizado por la Sala Constitucional, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
- Como corolario de lo anterior, a diferencia de la consulta, el recurso de revisión constitucional no procede ipso iure, ya que éste depende de la iniciativa de un particular, y no de la del juez que dictó la decisión, a menos que la propia Sala Constitucional de oficio así lo acuerde, tomando en cuenta siempre la finalidad del recurso.
Posteriormente, mediante sentencia nº 93 de 6 de febrero de 2001 (caso Olimpia Tours and Travel vs. Corporación de Turismo de Venezuela), la Sala comenzó a ampliar su propia competencia revisora, agregando como objeto de revisión otras sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Supremo u otros tribunales, distintas de las dictadas en materia de amparo o de control difuso de constitucionalidad, afirmando su potestad para revisar, además de éstas, las siguientes:
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.
La Sala Constitucional, por otra parte, en sentencia nº 727 de 8 de abril de 2003 continuó precisando las sentencias que pueden ser objeto del recurso extraordinario de revisión, indicando que, además de las sentencias de amparo constitucional y las sentencias de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, pueden ser objeto del recurso de revisión:
- Las sentencias que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
- Las sentencias que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás juzgados del país apartándose u obviando, expresa o tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que contenga alguna sentencia de esta Sala con anterioridad al fallo que sea impugnado.
Por último, la Sala Constitucional, en sentencia del 11 de marzo de 2005 (Caso: 11 de Abril), ha precisado las sentencias que pueden ser objeto del recurso de revisión, así entre los fallos reiterados anteriormente por la Sala, pueden ser objeto de revisión:
- Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, de cualquier carácter, dictadas por los demás Sala del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier Juzgado o Tribunal del País.
- Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los Tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia o por los demás Tribunales o Juzgado del País, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
- Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o Juzgados del País, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma Constitucional. En estos casos hay también un errado control Constitucional.
Queda claro según sentencia de 11 de Marzo de 2005, (Caso 11 de Abril), su indiscutible procedencia en derecho, dada la competencia que tiene esta Sala Constitucional de conocer por vía de revisión las decisiones proferidas por las demás Salas de este Máximo Tribunal, incluyendo las dictadas por la Sala Plena, como ha sido establecido por la Jurisprudencia, en interpretación del texto normativo constitucional contenido en el artículo 336, numeral 10, en concordancia con el artículo 5, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que a tales efectos no establece distinción alguna.
Por otra parte, cabe destacar existen criterios jurisprudenciales en cuanto a la revisión de sentencias anteriores a la Constitución vigente, el primero de ellos, es que la solicitud de revisión, en razón de ser una figura de protección fundamental creada a la luz de la Constitución de 1999, no podía aplicarse a decisiones judiciales definitivamente firmes que hayan sido dictadas bajo la regencia del anterior texto constitucional, ello en razón de la seguridad jurídica y la política judicial que debe prevalecer en el ejercicio de la función jurisdiccional, toda vez que por razones de paz social, no podía alterarse situaciones jurídico – procesales ya dirimidas y resueltas con anterioridad, por haber sido ya tratadas ante la jurisdicción, quien ejercicio de su potestad ya delimitó y tuteló esa situación material que en su momento estuvo sometida a su conocimiento.
No obstante, es nuevo criterio jurisprudencial (Sentencia N° 2.176, del 06/12/2006), la revisión de sentencias anteriores a la Constitución vigente como excepción a lo antes expuesto, cuando dicha decisión verse sobre derechos y principios que la Constitución haya mejorado y que expresamente permita su aplicación retroactiva para el mejoramiento de la situación jurídico material aunque la misma haya sido objeto del conocimiento por parte de la jurisdicción.
Análisis Jurisprudencial Procedimiento del Recurso de Revisión:
Al haberse determinado que la naturaleza jurídica del mecanismo extraordinario de revisión es la de un proceso constitucional, aunque no se haya dictado todavía la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional, le serán aplicables supletoriamente las normas de derecho procesal constitucional que rigen los demás procesos de la jurisdicción constitucional.
En consecuencia, el procedimiento que ha de regir el proceso de revisión constitucional mientras se dicta la Ley especial en la materia, por mandato del literal b) de la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final Única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2004), será el de “los procedimientos previstos es esta Ley y demás normativas especiales en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 Constitucional.”
Con fundamento a la norma transcrita, en las normas supletorias generales como las del Código de Procedimiento Civil (primer aparte del artículo 19 de la LOTSJ), las normas supletorias especiales (segundo aparte del artículo 19, ejusdem) y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, se analizará el Procedimiento que rige el proceso de revisión se sentencias judiciales como mecanismo extraordinario de control constitucionalidad, siguiendo la estructura lógica de todo proceso judicial.
Ante quién y cómo se propone:
El Procedimiento Extraordinario de Revisión, se plantea a través de la Sala Constitucional, como se apunta anteriormente de conformidad a la jurisdicción constitucional que le corresponde en virtud del ordinal 10 del artículo 336 de la CRBV.
Ahora bien, resulta necesario determinar quién tiene la legitimación para solicitar válidamente la revisión de una sentencia judicial. A tal efecto, se tiene que de acuerdo a la exposición de motivos de la CRBV, como la LOTSJ (artículo 5.4 y penúltimo aparte), la revisión puede realizarse a instancia de parte y de oficio (artículo 5, penultimo aparte LOTSJ).
Debido al carácter de cosa juzgada que tienen las sentencias susceptibles de revisión es claro que los primeros legitimados son las partes y los terceros que intervienen en el proceso judicial que produjo la sentencia objeto de revisión. En efecto, la Sala Constitucional ha establecido como criterio la legitimación el interés personal y directo que debe afirmar el solicitante de la revisión:
“En consecuencia, para la interposición de la solicitud de revisión constitucional es necesario que el solicitante posea interés directo y personal en el proceso que pretende iniciar, por haber sido demandante, demandado o tercero en el juicio que dé lugar al pronunciamiento que se impugna.
Al respecto, esta sala Constitucional ha sentado de manera constante que el requisito del interés procesal, como elemento de la acción, proviene de la esfera del derecho individual que ostente el solicitante le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés surge así de la necesidad que tiene una persona, por la situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés personal y directo ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso y, más aún, frente al carácter extraordinario, excepcional y estrictamente limitado que ostenta la revisión constitucional” (Sentencia N° 2.815 del 14/11/2002).
De ésta manera, en los procedimientos de revisión no es posible invocar un derecho o interés difuso o colectivo.
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de revisión de oficio, es criterio reiterado de la Sala Constitucional, que el Juez que dictó la sentencia objeto del recurso no tiene legitimación para hacer la solicitud, así como tampoco tiene legitimación el Juez para solicitar la revisión de un sentencia dictada por otro Juez, ni siquiera el caso que en esa sentencia se hay ordenado remitir copia a la Inspectoría de Tribunales, con fines disciplinarios contra el Juez que pide revisión. Todo ello, sobre la base de que el Recurso de Revisión constitucional no procede ipso iure, ya que depende de la iniciativa de un particular, como se señaló anteriormente, y no de la iniciativa del Juez que dictó la decisión, a menos que la Sala Constitucional de oficio así lo acuerde, tomando siempre en cuenta la finalidad del recurso (Sentencia N°1805 de fecha 28/09/2001).
Oportunidad para interponer la revisión:
La Constitución no ha previsto la oportunidad para interponer la solicitud de revisión así como tampoco lo hace la LOTSJ, en consecuencia Cuenca (2007) indica que el recurso de revisión puede ejercerse en cualquier momento después que la sentencia objeto de revisión haya quedado definitivamente firme.
No obstante, la denominada sentencia “Líder” número 93 de 6 de febrero de 2001 caso (OLIMPIA TOUR AND TRAVEL, C. A., contra la (CORPORACION DE TURISMO DE VENEZUELA), cuya revisión se hizo sobre sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de la extinta corte Suprema de justicia. En el juicio por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios. La sala constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, delineó el procedimiento a seguirse en el trámite del recurso extraordinario de revisión, así: Al respecto esta sala acoge, en caso de ser admitido la solicitud de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes, el procedimiento a llevarse a cabo es el de apelación de sentencias de Amparo constitucional establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así, efectivamente el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales establece un lapso de caducidad de seis (6) meses para ejercer una pretensión de amparo constitucional
en el articulo 35, con la salvedad que este articulo en el aspecto correspondiente a la consulta quedo derogada por la disposición Derogatoria Única de la constitución vigente por virtud del antagonismo con los art. 26, 27 de la constitución.
El conocimiento puede ser obligatorio o facultativo, por aplicación de la Ley Orgánica de Amparo, sería obligatorio, como antes señalamos o cuando la decisión llegue a esta Sala una vez agotada la doble instancia, para lo cual es facultativo. En lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere, y, en todo caso, la sala no admitirá aquellos recursos que no se refieran a las sentencias o a las circunstancias que define la presente decisión. En este sentido, se mantiene el criterio que dejo sentado la sentencia dictada por esta sala en fecha 2 de marzo de 2000 (caso Francia Josefina Rondón Astor), en cuanto a que esta sala no está en la obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, y la negativa de admitir la solicitud de revisión extraordinaria con o sin motivación, como violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, proceder que no requiere de motivación alguna, por cuanto se trata de decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial. Por lo antes expuesto, queda establecida la discrecionalidad de este medio extraordinario. Por lo tanto esta sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, “…sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas constitucionales...¨.
En cuanto a la potestad de esta sala para revisar de oficio las sentencias definitivamente firmes, esta sala posee la potestad discrecional, de hacerlo siempre y cuando lo considere conveniente para el mantenimiento de una coherencia en la interpretación de la constitución en todas las decisiones judiciales emanadas por los órganos de administración de justicia.
Ahora bien, esta discrecionalidad que se le atribuye a la revisión a que se ha hecho referencia, no debe ser entendida como una nueva instancia, ya que la misma sólo procede en casos de sentencias ya firmes, esto es, decisiones que hubieren agotado todas las instancias que prevé el ordenamiento Constitucional.
En qué momento se propone:
La solicitud de revisión es un recurso extraordinario, que se puede ejercer contra sentencias de última instancia dictadas por los tribunales de la República, y aquellas que se ventilan por ante el Tribual Supremo y sus Salas; en materia de Amparo Constitucional o dictadas en ejercicio del método difuso de control de la constitucionalidad de las leyes. En realidad, la única competencia Constitucional que, conforme a la constitución (Art. 334 y 336), es exclusiva de la Sala Constitucional, es la de anular las leyes y demás actos de rango legal y de ejecución directa e inmediata de la Constitución (Jurisdicción Constitucional) así como establecer “interpretaciones vinculantes’’ de normas constitucionales.
En todo caso, la sala Constitucional en la sentencia numero 1 de 20 de enero de 2002 (caso Emery Mata Millán ), interpretó dicho artículo 336, ordinal 10 de la Constitución considerando respecto de la revisión, “...considera esta sala que en forma selectiva, sin atender a recurso especifico y sin quedar vinculado por peticiones en este sentido, la sala por vía excepcional puede revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que… sean de la exclusiva competencia de los tribunales de segunda instancia, quienes conozcan la causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta sala, dictada en materia Constitucional”. En esta primera sentencia de la sala, por lo tanto, si bien se asimiló en forma incorrecta la institución de la revisión a la consulta, se apuntó correctamente al carácter extraordinario del recurso de revisión, así como al carácter discrecional de la potestad revisora de la sala.
En definitiva, como lo señaló la sala Constitucional en su sentencia número 727 del 8 de abril de 2003, la norma constitucional:
“no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión .El precepto constitucional que se refirió lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la sala constitucional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes”.
El tiempo estipulado de inversión en la sustanciación de esta solicitud es de aproximadamente 3 meses desde la interposición de la solicitud de revisión, hasta la sentencia.
Por otra parte, la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad respecto de cualquier sentencia, debe destacarse que la Sala Constitucional se ha hecho de poderes de control de oficio, rompiendo entonces el principio dispositivo, como lo decidió en la sentencia nº 331, de 13 de marzo de 2001 Incluso, la Sala ha establecido que el incidente de control de la constitucionalidad de oficio lo puede ejercer la Sala mediante la institución del avocamiento.
Esta doctrina del avocamiento ha sido recogida por la ley orgánica del TSJ de 2004, al establecer la atribución de cualesquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, para recabar de cualquier tribunal de instancia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, cualquier expediente o causa en el estado en que se encuentre, para resolver si se avoca y directamente asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (artículo 18, párrafo 11º).
Dadas las repercusiones de esta atribución generalizada, la propia ley orgánica dispuso que “esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido” (artículo 18, párrafo 12º).
Aun cuando constituye una obligación de todos los jueces de la República velar por la integridad de las disposiciones constitucionales, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga una potestad suprema a la Sala Constitucional respecto a la interpretación de normas y principios fundamentales, cuya finalidad no es otra que garantizar la uniforme interpretación del Texto Constitucional.
Esa garantía, a nuestro juicio, confiere al recurso de revisión un carácter esencialmente objetivo y por lo tanto los fallos que en esta materia se dicten no deberían conllevar a la solución de ningún caso en concreto, con lo cual podría convertirse en una tercera instancia. Antes por el contrario, la sentencia debería producir efectos generales y hacia el futuro, por tratarse de una labor estrictamente conectada con la depuración de la interpretación del texto fundamental.
Por consiguiente, encontramos que le revisión constitucional es una potestad discrecional de la Sala Constitucional, que sirve de control concentrado de la constitucionalidad, extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, cuando se trate de aquellas decisiones cuya revisión es permisible y siempre que contribuyan a la uniformidad de la interpretación de normas y principios establecidos en el referido Texto Fundamental o que constituya una deliberada violación de sus preceptos.
En cuanto a los elementos que deben conjugarse para la procedencia de la revisión constitucional, encontramos:
1. Que se trate de una sentencia cuyo control constituya un aporte significativo a la uniformidad de criterios sobre normas y principios constitucionales.
2. Que se trate de una sentencia definitivamente firme que desconozca la interpretación que de manera previa y vinculante haya señalado la Sala Constitucional.
3. Que se trate de sentencias firmes que manera evidente hayan incurrido a criterio de la Sala Constitucional, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
Algunas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Recurso de Revisión Constitucional en Materia Laboral:
Sobre la base de todo lo antes expuesto pasamos a analizar algunas de las decisiones, que en revisión han sido conocidas por la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Social en materia laboral:
COLOCA EL ANALISIS QUE HICIERON EL RESTO DEL GRUPO
CONCLUSIÓN
Si analizamos todo lo anteriormente expuesto, terminaremos asintiendo, que el Recurso de revisión se ha convertido en una importante garantía procesal. A través de este recurso extraordinario se puede reabrir la cosa juzgada, asimismo se conjugan y realizan simultáneamente los valores de seguridad jurídica y justicia. En el fondo, el amparo contra sentencia, la acción por fraude procesal y el recurso de revisión responden, no solo a las exigencias de justicia sino a las de seguridad jurídica. A fin de cuenta ninguna seguridad puede asentarse sobre actitudes dolosas, ni en circunstancias manifiestamente erróneas o violatorias de las garantías constitucionales o de los derechos humanos fundamentales.
Por lo que nos permitimos afirmar lo siguiente:
1. En razón de la imperatividad del Texto Constitucional, sus normas son de aplicación inmediata, las cuales no tendrían efectividad sin la existencia de una jurisdicción constitucional que asegure su pleno goce y ejercicio. De allí que, corresponda al Tribunal Supremo de Justicia garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cuyo máximo y último interprete es la Sala Constitucional, siendo vinculante la interpretación que esta realice sobre el contenido y alcance de los preceptos fundamentales.
2. Dentro de los mecanismos que garantizan la protección de la constitución, se encuentra la potestad otorgada a la Sala Constitucional de revisar las sentencias definitivamente firme de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República. El fin de este mecanismo de revisión, ha sido ampliado por la jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional a fin de cumplir su labor como garante del Texto Fundamental y dar plena eficacia a los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, a cualquiera sentencia definitivamente firme que contraríe las interpretaciones de normas y principios constitucionales, realizadas por dicha Sala o la doctrina establecida previamente por ésta.
3. Tal amplitud de criterio respecto a las sentencias susceptibles de ser revisadas por la Sala Constitucional, responde al objetivo de este mecanismo extraordinario, el cual es lograr la interpretación uniforme de la jurisprudencia sobre el contenido y alcance de normas y principios constitucionales. De allí que dicha finalidad, tal como se señalo precedentemente, solo se lograría parcialmente si el objeto de la revisión lo integraran solamente las sentencias definitivamente firmes dictadas en materia de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes.
4. Asimismo, siendo el objeto de la revisión la uniforme interpretación de las normas fundamentales, dicho mecanismo debería responder a un fin objetivo, antes de resolver conflictos de carácter intersubjetivo. Al respecto la Sala Constitucional reiteró la finalidad de la revisión mediante decisión del 25 de septiembre de 2001, en la cual estableció que dicho mecanismo extraordinario persigue: a) uniformar la interpretación; b) dictar pautas de aplicación constitucional y c) reconducir a prácticas legitimadas por la nueva constitución, actitudes judiciales nacidas al amparo de preceptos legales o constitucionales derogados o de principios o valores superados.
5. No obstante, de asumirse una posición orientada a la solución de problemas interpartes, no podría ser obviada la existencia de un procedimiento que garantice el contradictorio entre las partes, en el cual se les otorgue a éstas la posibilidad de alegar los argumentos que estimen pertinente para la defensa de sus intereses y para realizar actividades probatorias, pues el procedimiento acogido por la Sala Constitucional, no permite un cabal ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, derechos procesales constitucionalizados que deben organizarse, más aun cuando se trata de la jurisdicción constitucional.
6. Resulta igualmente necesario establecer un lapso de caducidad para el valido ejercicio del recurso, a los fines de impedir se vean afectados valores fundamentales del estado de derecho, como la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la estabilidad del ejercicio de los derechos.
7. Se estima la inconveniencia de permitir la revisión de sentencias dictadas antes de la Constitución de 1999, salvo la que admitan la retroactividad de la ley en materia penal, pues lo contrario significaría la reapertura de juicios ya culminados formalmente, lo cual atenta contra la garantía fundamental de la cosa juzgada.
8. Si igualmente se parte de la premisa acerca del carácter subjetivo de la revisión, las sentencias dictadas en esta materia deberían limitarse, una vez advertida la transgresión constitucional, a reponer la causa, a los fines de que sea subsanado el fallo cuestionado por parte del tribunal que dicto la sentencia y no entrar a conocer del fondo del asunto, toda vez que con ello se podría afectar el principio del juez natural al tiempo que la Sala estaría ejerciendo, sin asumirlo expresamente, facultades inherentes a la figura del avocamiento.
9. En razón de la materia que ha sido otorgada en forma exclusiva a la Sala Constitucional como último y máximo interprete de Texto Fundamental, con fundamento en el principio de supremacía constitucional y la labor de velar por la integridad de la Carta Magna, a nuestro criterio, todas la decisiones dictadas con ocasión de una revisión deben tener carácter vinculante, pues siendo el objeto de dicho mecanismo extraordinario la uniformidad en la interpretación de normas fundamentales, dicho carácter vinculante de las decisiones dictadas en esta materia responde a la necesidad de ejercer un control profiláctico de la constitucionalidad de los fallos.
BIBLIOGRAFIA
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Molina, R. (2002). Reflexiones sobre una visión Constitucional del Proceso y su Tendencia Jurisprudencial. Caracas: Paredes.
Salgado, D. y otros (2005). Derecho Procesal del Trabajo. Barquisimeto: Jurídica Rincón.
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de estaa Constitución.
Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
10.- Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
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